Original en inglés por Kade Crockford
Eurie Stamps, abuelo Afro Americano de sesenta y ocho años, estaba boca abajo en el piso de la cocina de su casa con sus manos sobre su cabeza cuando el Oficial Paul Duncan le provocó disparos fatales.
El Oficial Duncan dice que fue un accidente, pero la familia de Stamps dice que cuando Duncan mató al abuelo, el oficial tenía su dedo en el gatillo de un rifle de asalto, apuntando directamente hacia el Sr. Stamps, sin tener activado el seguro. Cualquier ligero movimiento, incluso una vibración, habría provocado que Duncan disparara. Y eso es exactamente lo que pasó.
Los hechos ocurrieron en el 2011 durante una redada de un equipo SWAT (Special Weapons and Tactics, en inglés—Equipo de Armas y Tácticas Especiales) a la casa del Sr. Stamps. El equipo SWAT de Framingham, Massachusetts, estaba buscando al hijastro del Sr. Stamps, quienes ellos sospechaban estaba vendiendo drogas. Actuando como el comando de fuerzas especiales en búsqueda de Osama bin Laden, la policía, excesivamente militarizada, poco después de la media noche, rompió la puerta, lanzó una bomba en la casa para desorientar a sus habitantes, e irrumpió en el interior.
El Sr. Stamps inmediatamente cumplió con las órdenes de los oficiales. Se tiró en el piso, boca abajo y puso sus manos en alto. En ningún momento se resistió. Al momento de la redada, los oficiales sabían que el Sr. Stamps vivía allí y que muy seguramente estaría en la casa cuando ellos irrumpieran.
El dedo de Duncan apretó el gatillo sin querer, pero la serie de acciones que el Oficial tomó antes de este accidente fueron imprudentes e irracionales, y violaron los derechos constitucionales del Sr. Stamps, al igual que el disparo accidental que lo mató.
La familia sobreviviente del Sr. Stamps está demandando al Oficial Duncan bajo la sección 1983 del Título 42 del Código de Estados Unidos, la ley federal que otorga a los estadounidenses el derecho a demandar a los departamentos y agentes de policía por violaciones de los derechos civiles. La defensa del oficial Duncan en la demanda es absolutamente alarmante, y si es aceptada por el tribunal, produciría desastrosos resultados, particularmente para las personas de color, quienes más a menudo son el blanco de acciones policiales agresivas.
La ley de la Cuarta Enmienda constitucional en el Primer Circuito, que establece ley federal para Massachusetts y otros estados, dice que es inconstitucional que un oficial apunte un arma cargada a una persona obediente que no representa amenaza. Si lo hace, la acción es calificada como una acción policial irrazonable y violación de la ley. Pero en el caso del Sr. Stamps el Oficial Duncan sostiene que, debido a que el acto final en la cadena de eventos que condujo al asesinato del Sr. Stamps, apretar el gatillo, fue un accidente, él no puede ser considerado responsable del asesinato.
Duncan invoca la doctrina de “inmunidad calificada”, que sostiene que los oficiales de la policía no pueden ser demandados por conductas que en el momento parecían razonables y que no violaron claramente la ley. Bajo esa teoría, mientras que las acciones que precedieron al disparo—quitar el seguro del arma, apuntar al Sr. Stamps—fueron claramente inconstitucionales, tan pronto como Duncan (accidentalmente) apretó el gatillo, se hizo inmune a la responsabilidad por su conducta.
Como mis colegas escriben en un breve escrito de amicus curiae o "amigo de la corte", el argumento de la defensa es peligroso y extraño. De ser aceptado, produciría una doctrina jurídica que proporciona incentivos para que los agentes de policía hieran o maten a las personas a las cuales han sometido a prácticas policiales inconstitucionales.
Una decisión de la corte aceptando este argumento sería terrible y absurda en cualquier circunstancia. Particularmente en el actual clima de militarización de la policía en los Estados Unidos, en donde la carga la sufren desproporcionadamente los estadounidenses con piel más oscura. En toda la nación, los departamentos de policía armados con armas militares y granadas aturdidoras, invaden hogares en la madrugada, sólo para cumplir órdenes de registro o detener a los sospechosos. Con frecuencia, estos ataques se llevan a cabo en busca de drogas o de personas sospechosas de venderlas. Una encuesta de la ACLU de los departamentos de todo el país encontró que el 71% de los objetivos de estas redadas militarizadas son personas de color.
Por otra parte, como mis colegas argumentan en su escrito, las personas de color son sometidas a más paradas policiales que las personas blancas, aún durante acciones de control de crimen y por otros factores. Los estudios demuestran que "la raza puede [] influir en la probabilidad de que la policía erróneamente hiera a una persona inocente durante un encuentro." Otros estudios "han documentado ampliamente asociaciones negativas inconscientes sobre las personas de color, incluyendo una asociación entre las personas negras y el crimen". Los estadounidenses son más propensos a pensar que las personas negras que sostienen objetos inofensivos, están sosteniendo armas, y a erróneamente dispararle a esas personas cuando se les da la oportunidad. Sometidos a incursiones más peligrosas de los equipos SWAT, a paradas de la policía, y a ser los objetivos de tropos racistas sobre criminalidad y raza, las personas con piel más oscura son mucho más propensas que los blancos a sufrir las consecuencias de las actuaciones policiales inconstitucionales.
Por lo tanto, una doctrina legal que establezca que los oficiales no pueden ser considerados responsables del movimiento final accidental en una serie de acciones inconstitucionales, pondría en peligro a aún más personas y comunidades que de por sí ya cargan con la peor parte de la desigual y agresiva acción policial. Tenemos la esperanza de que la corte del Primer Circuito reprenderá claramente el peligroso argumento de la defensa, enviando un mensaje inequívoco a los oficiales de policía en todo el noreste: usted será responsable de sus errores cuando la probabilidad de cometerlos es agravada por sus acciones ilegales previas. Usted no puede desactivar el seguro de su arma y luego ilegalmente apuntar a alguien, sólo para alegar que el acto final de los disparos fue accidental y lo absuelve de su conducta anterior.
